España comparte con otros países, muchos de ellos del continente americano, una desconfianza casi innata hacia los políticos. Pero mientras el método empleado para la elección de ciertos cargos públicos en algunos lugares de Latinoamérica haría sonrojar a cualquier europeo medianamente bregado en los sistemas democráticos, el caso español no se basa en la formalidad impuesta, sino en la informalidad genética. Arrastramos una penosa herencia latifundista y de señorío, gracias a la cual apenas se discutía que el que mandaba estaba ahí para hacer y deshacer a su antojo y, de vez en cuando, beneficiar a la población que más se entregara al vil arte del peloteo. Así hemos sido, y así nos va.
La labor del buen político se entiende como un trabajo de servicio público. Sin embargo, en este país, el servicio público puede prestarlo un médico, un voluntario de la Cruz Roja y hasta el dependiente de una mercería en un día tonto, pero las razones de los políticos siempre se ponen en duda. A ello contribuyen episodios tan divertidos como el protagonizado tiempo ha por Montoro, el hoy ministro de Hacienda, que en su día, ante la necesidad de tomar medidas urgentes para solventar una situación grave que afectaba al futuro de España, le espetó al Congreso, dominado por Zapatero y los suyos, un "que caiga España, que ya la levantaremos nosotros". El poder antes que el deber.
Pero hay más. En estos días, por ejemplo, a los de a pie se nos ha puesto cara de cuadro de Munch cuando hemos contemplado cómo nuestros partidos mayoritarios se negaban a investigar y dar cuentas del escándalo de Bankia, el mismo que nos va a costar el dinero que no tenemos y dejará endeudadas a las familias por varias generaciones. En su afán de mirar para otro lado (o mirarse el ombligo que, para el caso, es lo mismo) y como ejercicio continuo de opacidad, los ya mentados se han pronunciado una vez más en contra de investigar a la Casa del Rey por considerarlo inconstitucional. No sé. La Constitución señala que el monarca está por encima de la ley, pero no creo que en ninguna nota a pie de página diga que la institución a la que pertenece no pueda ser investigada, máxime cuando su abultada parentela se halla exenta de los parabienes constitucionales que protegen al soberano.
Tantas decisiones tomadas así, por mayoría y prácticamente de tapadillo, solo consiguen que cada vez que los de abajo miramos a los de arriba pensemos que nos están tomando el pelo, que chanchullean a nuestras espaldas y que nos ningunean, todo en aras de tapar sus dislates y sacar beneficio propio dejándonos a los demás con el culo al aire.
Yo creo que, en el fondo, somos conscientes de que esta panda que rige los destinos de España nos está haciendo la 13/14 y que el bien público viene muy por detrás del bien privado. Pero ya hemos llegado a un límite en el que lo que cuentan son los mínimos. Vale que enchufen a propios y ajenos, que ocupen sus poltronas solo por el retiro que les va a quedar cuando se levanten de ellas, que vengan a Madrid y se gasten todo su dinero en cañas... Todo eso lo admitimos pero, por favor, en cuanto sus señorías tengan un rato, en lugar de hacer un Sudoku o navegar por Internet, preocúpense de nuestras cosas.
Afortunadamente, no se puede generalizar y doy fe de que hay diputados que ocupan su escaño por vocación de servicio. Pero se les oye poco. Tal vez porque su voz pondría en evidencia los silencios de otros. De ahí que gestos como el de Julio Anguita renunciando a su pensión de ex parlamentario porque ya tiene bastante para sus cosas con la de maestro ("vivir sencillamente para que los demás puedan, sencillamente, vivir", que diría Gandhi) nos conmuevan tanto. Ahora solo hace falta que, además, nos muevan.
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